Valdecañas, una prueba de madurez democrática

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Valdecañas, una prueba de madurez democrática


Adenex y Ecologistas en Acción fueron las asociaciones que nada más anunciarse en 2005 la solicitud formal de la construcción de una ciudad privada en la zona ZEPA y LIC de Valdecañas, integradas en la Red Natura 2000, mediante la aprobación del PIR (Proyecto de Interés Regional) Marina Isla de Valdecañas, cuestionaron y denunciaron tal figura urbanística. Pronto supimos que se trataba de un primer prototipo para otras actuaciones similares en el resto de embalses de la comunidad autónoma. Suponía un grave riesgo para la conservación de nuestros espacios naturales pues permitía urbanizar espacios no urbanos especialmente protegidos

Iniciamos entonces conversaciones con las poblaciones afectadas por el proyecto y con los técnicos de la Junta de Extremadura promoviendo alternativas dirigidas a un modelo sostenible de turismo, endógeno y participado por el tejido productivo y social de la zona. Buscando además otras ubicaciones de verdad impulsoras para que El Gordo y Berrocalejo ganarán en población y actividades de futuro propias y sostenibles y que no supusieran la urbanización de un área protegida.

Pero la presión de la empresa promotora fue imparable y el apoyo del Presidente de la Junta de Extremadura avaló su continuidad, reclasificando los terrenos. Los ayuntamientos concernidos no tenían más que seguir el dictado institucional con la promesa de un “maná” deslumbrante, sin importar que se incumpliera la ley.

Una ciudad de lujo, viviendas de alto coste, una playa, un puerto, varios hoteles, centros de investigación médica y un campo de golf fueron el anzuelo para la denominada Marina isla de Valdecañas. S.A., un pretendido complejo turístico de salud, paisajístico y de servicios y que, como señaló posteriormente el propio TSJ de Extremadura, no era nada más que un resort urbanístico de lujo que lejos de tener un interés general acreditado para Extremadura solo respondía a los intereses económicos del propio promotor. Es más, las instalaciones como el centro de convenciones o el de investigación médica que sirvieron para justificar la utilidad pública del proyecto han sido transformadas para convertirse en más apartamentos.

De esta manera en 2007 se publica un Decreto que permite esa ubicación apoyándose en una supuesta situación de emergencia y urgente necesidad –poder instalar personas mayores como objetivo prioritario y por tanto mixto en dicho complejo–. Así la Junta de Extremadura aprueba definitivamente el PIR para que la empresa promotora construya el paraíso prometido.

Diferentes recursos, denuncias, alegaciones, quejas a la Comisión Europea así como al Parlamento Europeo, además de diversas protestas y manifestaciones, lograron varias sentencias, demostrado, de forma persistente y sin fisuras que la Junta incumplió una y otra vez la legislación vigente en materia urbanística y de protección del medioambiente.

Primero, en marzo de 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declara la anulación del decreto de ciudades mixtas por ir en contra de la ley del suelo en vigor de Extremadura, en cuanto a no contemplar que ese tipo de desarrollos turísticos fueran objeto de Interés General.

Segundo, en marzo de 2011, el mismo tribunal estima nulo el decreto de aprobación del PIR. El propio Parlamento autonómico acababa de modificar la ley del suelo a fin de permitir construcciones en zonas de la red Natura y facilitarlas en los propios Planes Urbanos de Berrocalejo y El Gordo.

Y por si todo esto no fuera suficiente, en enero de 2014 el Tribunal Supremo confirmaba definitivamente la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Ante esta sentencia en firme, la Junta de Extremadura, temiendo la repercusión de su responsabilidad política en todo el procedimiento, solicita que no se ejecute. ¿Con qué argumentos? Pues no económicos, que han decaído –a falta de ofrecer una cifra de coste real contrastada–,  ni tampoco con el de la pérdida de empleo en la zona –a falta de ofrecer la riqueza aportada, donde por ejemplo Berrocalejo solo tiene un empleo en el Complejo y nadie sabe en qué se invirtieron los impuestos de la obra–. Muchos años después de construirse la urbanización, los efectos económicos de revitalización de la comarca que se señalaban para justificar el proyecto no se han producido. No se ha acreditado que la urbanización haya supuesto un beneficio económico o poblacional en la zona, ni en Extremadura.

El único argumento material de inejecución, por tanto, que el Gobierno de Extremadura plantea con la intención de frenar la sentencia se basa en los supuestos efectos ambientales negativos de la demolición. También plantea la imposibilidad legal de ejecutarla por la reforma que se hizo expresamente de la Ley del Suelo para homologar el complejo, una vez declarado ilegal y sobre la que se ha admitido una cuestión de inconstitucionalidad

Finalmente, el Tribunal decide solicitar una prueba pericial que dirima acerca de este asunto y lo encarga a la Estación Biológica de Doñana (perteneciente al CSIC). Reconocidos y prestigiosos científicos en materia ambiental y de conservación de la naturaleza emiten su informe (enero 2019). También lo defienden recientemente ante la sala del Tribunal, donde despejan las dudas acerca de “la reposición de los terrenos… a la situación anterior a la aprobación del proyecto” como la mejor opción para conservar la integridad y mejorar la calidad del espacio protegido. Evidencian que la evaluación ambiental fue muy deficiente y reconocen como mejor opción ambiental el desmantelamiento de lo construido (a nivel de rasante de todo lo construido) con el fin de beneficiar la restauración ambiental, algo que también resulta clave para la regeneración de los procesos ecológicos y de lo perdido por el uso urbano construido y la ocupación humana de la isla.

Por tanto no caben dudas que en todo este proceso de ejecución de la sentencia, la propuesta de inejecución planteada solo pretende prolongar aún más tiempo lo inevitable (ya cinco años) y que no es más que la restauración de la legalidad.

Para Adenex y Ecologistas en Acción, a pesar de todo el tiempo transcurrido, aún queda pendiente la responsabilidad política de todas las administraciones y representantes tanto del Gobierno como de la Asamblea de Extremadura. Sin olvidar tampoco la responsabilidad de quienes compraron las casas, firmando la escritura a sabiendas de la ilegalidad del complejo. Por su parte, la empresa promotora, ahora en concurso de acreedores (desde el 2014) y ya jubilado su gerente, en un ejemplo de cinismo intenta culpar a los ecologistas –que solo pretendemos que se cumpla la ley y las sentencias– del despropósito que ha supuesto este proyecto.

Por todo lo señalado, desde Adenex y Ecologistas en Acción queremos enfatizar que seguimos juntos y decididos a exigir que las sentencias se cumplan. En absoluto es nuestro interés dividir ni confrontar con el pueblo extremeño. Por eso nos parecen ruines y despreciables los intentos reiterados y continuos de convertirnos en los culpables de un proceso en el que solo hemos pedido que se proteja el medioambiente, un derecho constitucional de todos y todas, y los espacios protegidos, que se cumpla la ley y que se haga justicia reparando el daño ambiental ocasionado. Y más aún cuando buena parte de estas insidias y falacias provienen de quienes han sido los verdaderos culpables de este desatino.

Todo este asunto trasciende las fronteras regionales y debe ser un ejemplo de actitud democrática, de respeto a la legalidad y de verdadero compromiso para compatibilizar la protección de los espacios con el desarrollo social y económico. Tenemos la razón en sendas sentencias, tenemos un informe pericial que avala la ejecución dictada. Solo nos queda esperar que el Tribunal reflexione y decida conforme a derecho sobre la base de lo presentado por todas las partes. Y esperamos que sea lo mejor para el futuro de nuestra querida Extremadura.

de World in Color in-color.net

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