Urge la elaboración de un PGOU adaptado a las necesidades reales de El Puerto

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La más que previsible anulación del PGOU de El Puerto abre una situación de total incertidumbre para miles de familias de El Puerto y un grave perjuicio para la economía del municipio. Urge la elaboración de un nuevo PGOU que solucione los graves problemas de viviendas y equipamientos existente, y proteja los grandes valores naturales e históricos del municipio.

La larguísima tramitación del PGOU se debió a los continuos cambios que iba introduciendo el gobierno de IP, con Hernán Díaz y su séquito de impresentables concejales de Urbanismo. Los suelos urbanizables se iban pintando en el PGOU a golpe de influencias, amistades y talonarios. Hasta 25 convenios urbanísticos firmó el ayuntamiento con otros tantos promotores, con el compromiso de recalificar terrenos no urbanizables, adquiridos a bajo coste, obviando la necesidad de justificar las promociones de miles de viviendas, y dando como resultado un modelo de ciudad sobredimensionada, dispersa y que iba a provocar graves impactos ambientales, sobre todo en los terrenos forestales del municipio. Al final, el PGOU se aprobó, pese a su tramitación fraudulenta, con la complicidad de la Junta de Andalucía.

La sentencia del TSJA que anula el PGOU era totalmente previsible, y así lo venía advirtiendo Ecologistas en Acción.  Este PGOU no se había sometido al preceptivo procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que obliga a realizar consultas previas para detectar las necesidades reales del municipio, estudiar alternativas a la ubicación de viviendas, equipamientos, infraestructura…, y garantizar la preservación del medio ambiente. Ecologistas en Acción advirtió en las 732 alegaciones que presentó que las previsiones del PGOU estaban totalmente sobredimensionadas e injustificadas, y que sólo respondían a los intereses de los especuladores urbanísticos. El PGOU pretendía urbanizar más de 15 millones de m2, lo que supondría un aumento del 88% sobre el suelo urbano actual, y construir 21.400 nuevas viviendas, con la justificación de que El Puerto aumentaría su población en 58.900 habitantes en ocho años. Estas previsiones han quedado en evidencia; según el INE, en el primer cuatrienio de ejecución del PGOU (2014-2017), la población de El Puerto ha disminuido en 270 habitantes, de 88.700, hasta los 88.430. Y las previsiones para el siguiente cuatrienio siguen siendo negativas. ¿Para qué se pretendían construir 21.400 viviendas?

Ecologistas en Acción ha venido advirtiendo de la previsible anulación del PGOU, e instó al anterior equipo de gobierno (PSOE-IU) a iniciar su revisión, adaptándolo a las necesidades reales del municipio y sometiéndolo a la preceptiva EAE para garantizar su viabilidad. Se limitaron a hacer una consulta a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAOT), cuyo delegado territorial, Ángel Acuña, certificó que el PGOU de El Puerto se había sometido a EAE, lo que es manifiestamente falso, y así lo confirma la sentencia judicial. Con este informe fraudulento, el anterior equipo de gobierno, en vez de presentar una denuncia por falsedad documental y prevaricación contra el susodicho responsable de la Junta, prefirió seguir aplicando el PGOU del PP, fiel ejemplo de la burbuja inmobiliaria, y que respondía a los intereses de los especuladores urbanísticos.

La sentencia del TSJA es contundente, y viene a poner orden ante tanto abuso, arbitrariedad y desmesura. Asume varios motivos para la impugnación del PGOU, la mayoría por falta de seguridad en la defensa del medio ambiente. El TSJA coincide en “la falta de integridad del plan por su aprobación mediante actos sucesivos, ya que el originariamente aprobado deja pendientes cuestiones sustanciales y estructurales, entre ellas prácticamente todas las objeciones medioambientales. Esta forma de conducirse es difícilmente compatible con el modelo de ciudad compacta, previsible y vertebrada que la legislación urbanística propugna”.

De suma importancia es la referencia que hace el TSJA a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) en la que se destaca “La prevalencia de los valores constitucionales de preservación y protección del medio ambiente sobre aquellos otros valores a los que sirve la planificación urbanística”. Los que tanto invocan a la Constitución, no se han enterado de que el medio ambiente es un derecho constitucional, mientras que la especulación urbanística está expresamente proscrita en la misma.

Y se deja claro lo que tanto hemos venido indicando de forma infructuosa al ayuntamiento y a la Junta, que la EAE es obligatoria desde 2006: “La Ley estatal 9/2006 es aplicable al no quedar excluida por la normativa autonómica, al igual que la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, las cuales imponían la Evaluación Ambiental Estratégica”.

Ecologistas en Acción lamenta los seis años perdidos desde que se aprobó un PGOU condenado a la anulación, debido a la complacencia y cobardía de los gobiernos del PP y PSOE-IU, que han preferido seguir aprobando proyectos de urbanización y tramitar la regularización de miles de viviendas ilegales por motivos electoralista, a sabiendas de que todo esto estallaría tarde o temprano.

Ecologistas en Acción espera que el ayuntamiento no recurra la sentencia ante el TS, pues supondría dos años más de demora en la tramitación de un nuevo PGOU; recurso que estaría condenado al fracaso.

Ante una perspectiva de disminución de la población, El Puerto tiene la opción, mientras se tramita un nuevo PGOU, de desarrollar el PGOU de 1992, que vuelve a estar vigente, mejorando la ciudad existente, dotándola de equipamientos, zonas verdes, plazas, carriles bicis, calles peatonales… y garantizando el derecho constitucional a una vivienda digna. El suelo urbanizable pendiente de desarrollar del anterior PGOU es más que suficiente para lo que debe ser la principal prioridad del municipio, construir viviendas protegida en régimen de alquiler social para jóvenes. Sólo en La Florida, suelo propiedad de la Junta, se pueden construir ya 3.360 viviendas, y en Las Marías otras 819. Y no hay problemas legales para desarrollarlos, siguen siendo suelos urbanizables.

Y mientras tanto hay que ir diseñando un nuevo PGOU, con todas las garantías legales y adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía, no a la de los promotores y especuladores urbanísticos.

de World in Color in-color.net

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