No solo estamos en Emergencia Sanitaria, también en Emergencia Climática

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No solo estamos en Emergencia Sanitaria, también en Emergencia Climática

Desde el confinamiento obligado y obligatorio en el que nos encontramos, resulta difícil recordar que desde mucho antes nos situábamos en Emergencia Climática, como han reconocido el Gobierno central, la Diputación Provincial de Cádiz o el Ayuntamiento de la capital, entre otras instituciones.

Y no es para menos: según el último Informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), 2019 fue el segundo año más cálido del que se tienen datos, solo superado por 2016. Además, las temperaturas medias de los últimos períodos quinquenal (2015-2019) y decenal (2010-2019) fueron las más elevadas de las que se tiene constancia. Desde los años ochenta, cada nueva década ha sido más cálida que la anterior. Asimismo, se prevé que esta tendencia continuará a causa de los niveles sin precedentes de gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera.

En el caso de Cádiz, sus playas podrían desaparecer en menos de 80 años, por el efecto combinado de la subida del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos extremos. La escasez de precipitaciones y la conversión de nuestro clima templado mediterráneo en subárido son otros escenarios estremecedores.

Para cumplir los compromisos del Acuerdo de París hay que movilizar al sector público, a las empresas y a la sociedad civil; sin embargo, esta movilización unitaria será una quimera con una Administración desvertebrada, unas empresas en crisis y una población desmotivada.

El artículo 12 de la Ley 8/2018 de Medidas Frente al Cambio Climático en Andalucía, Programa de Comunicación y Participación, recogía la necesidad de “fomentar las acciones de información, formación y corresponsabilización para la participación activa de la sociedad en la lucha contra el cambio climático, y promover e impulsar la participación ciudadana en el desarrollo de las políticas en esta materia”.

El artículo 1 h) igualmente impulsaba a “promover la participación ciudadana y la información pública de la sociedad andaluza en la elaboración y evaluación de las políticas contenidas en la presente ley”.

Y para mayor abundamiento, el artículo 13, tramitación y aprobación del Plan Andaluz de Acción por el Clima, emplaza a la Consejería competente en materia de cambio climático a “garantizar la participación real y efectiva de la ciudadanía, de los agentes económicos y sociales” (subrayado nuestro).

La Comisión Europea va más allá en materia de participación pública y se compromete a “colaborar con todos los sectores de la sociedad para capacitarlos y empoderarlos de manera que puedan emprender acciones encaminadas a lograr una sociedad climáticamente neutra y resiliente al clima, estableciendo un diálogo multinivel sobre clima y energía con arreglo a sus normas nacionales en el que las autoridades locales, las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad empresarial, los inversores y otras partes interesadas pertinentes y el público en general puedan participar de forma activa y debatir en torno a la consecución del objetivo de neutralidad climática de la Unión”.

Estas acciones de participación activa para corresponsabilizar a la sociedad andaluza en los compromisos frente al cambio climático, tanto en mitigación como en adaptación, han sido hasta la fecha inexistentes en Andalucía.

En el caso de los municipios andaluces, la Ley 8/2018 de medidas frente al cambio climático obliga a elaborar y aprobar planes locales de mitigación y adaptación, y hacerlo de manera participativa. Pues bien, ningún ayuntamiento gaditano ha empezado a promover esta participación ciudadana, tampoco el de la capital.

Mientras tanto, hemos perdido casi año y medio de parálisis en la Junta de Andalucía para poner en marcha las determinaciones de la Ley 8/2018, incluido disponer del Plan Andaluz de Acción por el Cima.

De entre los diferentes retos que cada sociedad debe enfrentar en el tiempo que le ha tocado vivir, la de nuestros días tiene por delante uno, de escala planetaria, y en cuyo empeño probablemente se esté comprometiendo la vida de las próximas generaciones: hacer frente al cambio climático que la propia actividad humana ha generado desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días.

Tenemos por tanto la obligación de realizar en nuestra comunidad autónoma ese cambio en el modelo de producción y de consumo que nos haga resilientes frente al cambio climático, y con la participación activa de toda la sociedad andaluza.

Los Planes Municipales contra el Cambio Climático son una herramienta necesaria para que las ciudades se incorporen al compromiso de reducción.

Puesto que la mayoría de las medidas van dirigidas al sector difuso y los ayuntamientos están emplazados para poner en práctica programas municipales contra el Cambio Climático, es necesario que las acciones contenidas en el PAAC incorporen los compromisos de los PACES, Planes de Acción por el Clima y la Energía Sostenible del Pacto de los Alcaldes: 545 de los 778 municipios andaluces, 41 de los 45 gaditanos. Y que todos los ayuntamientos pongan en práctica sus planes locales de Cambio Climático en sintonía con el PAAC.

El PAAC tiene que priorizar sus determinaciones en los campos de urbanismo, transporte y residuos.

Para no caer de nuevo en objetivos incumplidos, es conveniente y necesario que el PAAC fije ya compromisos en los tres sectores más involucrados en la emisión de gases de efecto invernadero, con especial relevancia dentro de los sectores difusos en la comunidad andaluza: un urbanismo depredador, una movilidad insostenible y una gestión de residuos ineficaz.

Sin dar un golpe de timón y reorientar estas políticas, los objetivos que recoja el futuro Plan de Acción por el Clima serán vanos y nada creíbles.

En el caso del urbanismo y la edificación, todos los planes urbanísticos y de ordenación del territorio deben incluir un estudio de las emisiones actuales y las previstas con el desarrollo del Plan, incluyendo las emisiones de proyectos industriales, el consumo energético de nuevos desarrollos urbanísticos y el transporte, de forma que la reducción obligatoria de las emisiones no quede limitado a las industrias.

Respecto al transporte, no se trata solo de “fomentar modos de transporte con menor huella de carbono”, como recoge la Ley, sino de reducir la movilidad motorizada y en concreto del coche particular, de manera que la jerarquía peatón, ciclista, transporte público, se cumpla a rajatabla en todas las ciudades andaluzas. La hipermovilidad motorizada actual es incompatible con los objetivos de la Ley. La Ley fija límites de emisión de CO2 solo para los vehículos que prestan servicio en la Administración de la Junta de Andalucía, un objetivo de lo más rácano. Además, olvida del NO2, precursor del ozono troposférico, otro potente gas de efecto invernadero.

Y en relación a los residuos, su “gestión” actual está generando unas cantidades desmesuradas de metano, porque la inmensa mayoría de la fracción fermentable se vierte sin control, generando este potente gas de efecto invernadero. La referencia a la “valorización de los residuos con recuperación de energía” que recoge la Ley, es rechazable, porque está amparando la incineración o coincineración en industrias cementeras, actividades contundentemente cuestionadas por todas las poblaciones afectadas. El PAAC debe tomar ejemplo del Proyecto de Economía Circular de la Sierra de Cádiz y extenderlo a todas las provincias, una vez aprobado el PIRec, Plan Integral de Residuos economía circular, en el que el compostaje de la fracción orgánica de las basuras sea objetivo prioritario. Si los residuos orgánicos son compostados de manera separada, ese compost sería incorporado a los suelos. También el PAAC tiene que asegurar que la reducción, reutilización y reciclado sean acciones extendidas en todos los municipios, y no limitarse a una débil referencia a la “promoción de la recogida selectiva de residuos”, que a poco compromete.

También el PAAC debería incorporar la futura fiscalidad ecológica que traslade la huella de carbono a todos los productos y servicios, sirviendo de identificación de su contribución al efecto invernadero y de estímulo para el comercio limpio y justo.

En cuanto a concienciación y sensibilización, restringir a que “se introducirán en los planes de estudios contenidos para la formación del alumnado en materia de cambio climático y la participación del alumnado y personal docente en actividades vinculadas a su sensibilización”, es irrelevante; la formación/sensibilización del alumnado tiene que ser materia transversal de todas las materias. El PAAC debe prestar una atención relevante a este cambio de paradigma en las enseñanzas universitarias y no universitarias, en las que la educación climática no sea un asunto desgajado de los programas.

Y también es perentorio cambiar las campañas que buscan “ecohéroes”, porque adoptar conductas responsables y sostenibles en relación con el medioambiente y la justicia climática no tiene que ser una heroicidad, sino una práctica común y asentada.

También la huella de carbono homologable y unificada, con la que el consumidor sepa a qué atenerse en cuanto a su compra, y renuncie a aquellos objetos o servicios que potencian el efecto invernadero o arrastran una huella ecológica inaceptable, es necesario que esté implementada. El registro de la Huella de Carbono de Productos y Servicios debe ser claro, público, accesible y actualizado. Así como la huella hídrica de productos, servicios y organizaciones.

En cuanto a los “proyectos de absorción” de CO2 y “unidades de absorción”, son los bosques mediterráneos, el litoral y los humedales andaluces bien gestionados quienes mejor pueden hacer esta captura.

Los huertos urbanos y la agricultura ecológica han de ser también dos buenas herramientas para la reducción y sensibilización, dos poderosas herramientas de reducción de emisiones que no aparecían reseñados en la Ley y que el PAAC ha de subsanar.

Dentro de la economía verde, las políticas en la materia podrán tener especial relevancia sobre el empleo de los sectores de energías renovables y sector forestal (sumideros de carbono), así como sobre todas aquellas actividades emergentes o en reconversión directamente relacionadas con la eficiencia energética y la reducción de gases de efecto invernadero
(movilidad sostenible, industria automovilística verde, rehabilitación
energética de edificios y cultivos agroenergéticos).

Se trata de conseguir que toda la sociedad andaluza posea la comprensión (el saber), la capacitación (el comprender) y la sensibilización (el hacer) para el aprendizaje social que representa enfrentarse al mayor desafío socioambiental que tiene la humanidad.

Todos los recursos críticos y vulnerables que la sociedad debe compartir están en peligro: agua, suelo, clima, energía y biodiversidad. Cambiar el sistema socioeconómico y hacerlo sostenible es la alternativa, y el PAAC la herramienta para lograrlo.

El PAAC tiene la obligación de incorporar los cuatro pilares para que lo conviertan en una poderosa herramienta del cambio de modelo productivo:

DETERMINACIÓN

PARTICIPACIÓN

FINANCIACIÓN

AMBICIÓN.

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