La sociedad civil exige medidas para proteger a las familias que sufren pobreza energética

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La sociedad civil exige medidas para proteger a las familias que sufren pobreza energética


  • En un encuentro con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, la Red Agua Pública, la Aliança contra la Pobresa Energètica y Ecologistas en Acción le han trasladado un documento con propuestas concretas en materia de suministros que las organizaciones hacen público hoy.
  • Tras conseguir la ampliación de la moratoria de cortes hasta mayo, las entidades seguirán trabajando para implementar el principio de precaución y mejorar la figura del consumidor vulnerable

El miércoles 10 de febrero representantes de diferentes entidades y movimientos sociales que abogan por la defensa de la energía y el agua como derechos, y que trabajan en el día a día con personas afectadas, se reunieron con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, para trasladarle una serie de propuestas en materia de pobreza energética y suministros básicos, que hoy hacen públicas y que consideran imprescindibles para hacer frente a la actual situación.

El encuentro se produce tras la aprobación en enero por parte del propio ministerio de un real decreto-ley que introduce la figura del consumidor vulnerable y que ofrece el marco general para que las distintas normativas sectoriales desarrollen los derechos asociados a él. Por ello, la Red Agua Pública, la Aliança contra la Pobresa Energètica y Ecologistas en Acción facilitaron al ministro un documento con las principales medidas consensuadas que deberían aprobarse cuanto antes en materia de energía y de desarrollo del derecho humano al agua, entre las cuales se encuentran:

Ampliación de los actuales baremos de renta del consumidor vulnerable de energía eléctrica y aplicación a los suministros de agua y gas.

Ejemplo: en el caso de unidades familiares sin menores, ampliación del límite actual para la consideración de vulnerable (11.862,90 euros al año) a uno más garantista y acorde a la realidad socioeconómica de la ciudadanía (19.771,50 euros al año).

Mejora de la información: mayor transparencia y claridad.

Implementación de formatos homogéneos de comunicación en los casos de cambios de compañía con modelos creados por parte de los ministerios competentes.

Deber de remitir una comunicación anual a todos los consumidores eléctricos y de gas en mercado libre y regulado sobre las características del mercado regulado y el bono social y sus requisitos de acceso.

Reserva de presupuesto estatal para la creación por parte de los ayuntamientos y los consejos comarcales de oficinas de atención al consumidor energético, en las cuales poder tramitar optimizaciones de facturas, consultas contractuales y resolución de conflictos con las compañías suministradoras.

Impulso de sistemas de información públicos que garanticen a la ciudadanía el acceso de los datos relevantes de los servicios básicos.

Prohibición de ciertas prácticas de reclamación de deuda a consumidores vulnerables:

  • Prohibición de ceder la reclamación de deuda de consumidores vulnerables a terceros actores.
  • Obligación por parte de las compañías de disponer de un servicio específico de atención a los consumidores vulnerables.
  • Limitación del número de comunicaciones y/o llamadas a consumidores vulnerables y limitaciones del contenido de las mismas, excluyendo la posibilidad de incluir escritos judiciales no presentados.
  • Facilitación del acceso a representación letrada gratuita para cualquier procedimiento judicial de reclamación de cantidades (sin importar la cuantía).

Protección especial de los suministros considerados esenciales (dependientes energéticos).

Ampliación de la figura del suministro esencial, para que pueda contemplar el suministro eléctrico ininterrumpido para otros tratamientos médicos que se realizan en los hogares y cuyas medicaciones requieren refrigeración continua, como pueden ser los tratamientos con insulina, por ejemplo.

Flujo ininterrumpido de energía en las comunidades de vecinos donde viven personas con movilidad reducida, para poder facilitar su acceso a todo tipo de tratamientos médicos o para la recarga de elementos como las sillas de ruedas eléctricas.

En los casos de especial vulnerabilidad, garantizar la cantidad suficiente de agua que permita el disfrute de una vida digna.

La reunión con el ministro y su equipo se desarrolló en un tono cordial y tanto el ministerio como las organizaciones se emplazaron a seguir trabajando de forma conjunta por la implementación de las medidas propuestas, teniendo en cuenta que algunas de estas demandas apelan a competencias de diferentes ministerios.

La reunión del miércoles da continuidad a la que las mismas entidades, entre ellas Ecologistas en Acción, mantuvieron con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, el pasado diciembre, en la cual se reclamó la implementación del principio de precaución para evitar la interrupción del suministro a familias vulnerabilizadas y un periodo sin cortes hasta entonces, así como la redefinición de la figura de consumidor vulnerable en materia de suministros.

Tras conseguir la ampliación de la moratoria de cortes hasta el 9 de mayo, las diferentes entidades seguirán luchando de forma conjunta para que se aprueben diferentes medidas que mejoren la vida de las millones de personas en el Estado español que padecen pobreza energética y viven a merced de las grandes compañías. Asimismo las organizaciones esperan que la reunión con el ministro Garzón sea el primer paso para un marco de colaboración que dé sus frutos y consiga este fin.

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