El proyecto de cantera La Solana en La Pola de Gordón debe abandonarse definitivamente

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El proyecto de cantera La Solana en La Pola de Gordón debe abandonarse definitivamente

La cantera es un despropósito que, promovido por los presidentes de las Juntas Vecinales de Pola  y Vega de Gordón, pretende extraer 80.000 m³ de roca al año,  mediante voladuras a cielo abierto  a menos de 400 m de núcleo habitado, a unos  100 m del cauce del río Bernesga y a menos de 200 m del tendido eléctrico, las vías del ferrocarril y la carretera N-630, sin que se pueda descartar la posibilidad de que el impacto del material volado ocasione  daños a las infraestructuras mencionadas,  a las personas y a sus bienes.

El otorgamiento directo de las concesiones solicitadas por “Recursos Naturales del Gordón, S.L.” 1 vulnera  claramente la legislación que protege los Montes y el Patrimonio de las Administraciones Públicas.

En efecto, el otorgamiento directo contraviene la Ley de Montes de Castilla y León (art. 65), la  Ley  de Patrimonio de las Administraciones Públicas (art.93) y el  Reglamento de Bienes de Entidades Locales (art. 78)  que exigen el régimen de concurrencia y la previa licitación en las concesiones de uso privativo  que se hagan sobre los  Montes Catalogados de Utilidad Pública  y bienes de dominio público en general,  salvo excepciones que no cumple la empresa solicitante.

El uso es incompatible con el régimen de protección de los MUP (art. 59 Ley de Montes de CyL) que obliga a preservar la condición forestal de los terrenos afectados. Los desmontes o explotaciones mineras a cielo abierto,  como esta cantera de piedra caliza,  suponen la alteración geomorfológica irreversible del monte y del paisaje.

Sin embargo,  para los responsables de la gestión del patrimonio forestal leonés se trata de un uso compatible que justifican apelando al plan de restauración contenido en  la declaración de impacto ambiental favorable (DIA publicada en el  BOCYL de 2  enero 2014) que se otorgó al proyecto de cantera “La Solana”.

Olvidan que, según  la Ley de evaluación ambiental (art. 43) la DIA perdió su vigencia y su plan de restauración quedó sin efecto  al  no haber comenzado la actividad y haber transcurrido más de 4 años desde la entrada en vigor de la Ley. Además,  la DIA  sólo incluía 2,69 hectáreas y no las 7,56 hectáreas cuya cesión se informa ahora favorablemente, incluyendo actividades que no contempla la DIA como una planta machacadora y  la apertura de una nueva pista de 18 m de ancho de acceso al frente de cantera.

Basta un recorrido por el término municipal de Pola de Gordón (uno de los municipios leoneses que más territorio ha cedido a los desmontes de las explotaciones mineras a cielo abierto) para comprobar cómo la restauración forestal  queda sobre el papel,  en una mera declaración de intenciones. Así lo demuestra, por ejemplo,  la degradación del monte que dejó sin restaurar la empresa ROCALO y que, en un alarde de cinismo, los técnicos de gestión forestal utilizan como excusa para implantar la nueva cantera en el mismo terreno, en  vez de  exigir  la restauración del MUP, de  acuerdo con la Ley de Montes.

Finalmente cabe señalar que el  proyecto del conjunto de la actividad, construcciones auxiliares y pistas de acceso, no obra en el expediente y no ha sido sometido a información pública. Sin conocer el verdadero alcance de la actividad,  las contraprestaciones económicas  establecidas son totalmente arbitrarias.

Para Ecologistas en Acción los técnicos que suscriben el informe favorable a estas concesiones actúan como intermediarios facilitadores de negocios mineros y no  como gestores del Patrimonio Forestal Colectivo.

En conclusión, se ha pedido a la Jefa del Servicio Territorial de Medio Ambiente que deniegue las concesiones solicitadas por  “Recursos Naturales del Gordón, S.L.”  Y si decidiera secundar las pretensiones de la mercantil,  proceda  a ordenar la exclusión de los terrenos afectados del Catalogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de León  de acuerdo con la Ley de Montes.

  1. Informado favorablemente por los técnicos responsables de gestión forestal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, y sometido a información pública en el BOCYL el 20 noviembre y posteriormente el 13 diciembre de 2019

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