Amistades peligrosas: política y lobbies


En la región de Murcia, el principal grupo de presión de la industria agria es: Proexport y su filial “más blanca”, la Fundación Ingenio. Esta organización, nacida para ayudar a las empresas de la zona a exportar sus productos se ha convertido en todo un lobi que hace de ariete de cara a las administraciones en defensa de las agroindustrias a las que representa. Además se beneficia de miles de euros en subvenciones del Gobierno autonómico, para cuestiones como “formación”.

Un papel fundamental también de lobista lo lleva a cabo el SCRATS (Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura) que agrupa a los regantes con derecho al agua del trasvase. El SCRATS, en el que los regantes están representados a su vez a través de las diferentes comunidades de regantes, es un poder fáctico fundamental en la Región de Murcia, hasta el punto de que en la zona se considera que su influencia sobre el Ejecutivo murciano es determinante.

Sede central de la Confederación Hidrográfica del Segura en la capital murciana. Junto a ella, se encuentra la sede del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS) que vela porque haya mucha agua del trasvase. ©Greenpeace/Pedro Armestre

El SCRATS ha velado y vela por el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y del “agua sin parar”, difundiendo mantras como que sin agua castellano-manchega habrá “sequía y paro”. Es quien denuncia en los medios los recortes de agua; quien se reúne con Gobiernos u organiza manifestaciones. Los sindicatos de regantes tienen además una peculiaridad: son entidades privadas pero que gestionan un bien público, como es el agua, de modo que es su papel repartir a cada cual el agua asignada por la Administración, lo que les confiere un poder extra.

El miedo a los tractores en el Ministerio

Desde que se inauguró el trasvase hace unos 50 años ningún Gobierno central ni de izquierdas ni de derechas ha sido capaz de “poner orden” en el tema del agua a pesar de ser responsable de la gestión de las cuencas intercomunitarias y de ver cómo el número de hectáreas de regadío crecía aun en zonas sin derecho al agua del trasvase. De hecho, se cuenta que el miedo a ver los tractores en la calle y en los medios de comunicación ha puesto siempre a los Gobiernos en una posición de pánico que les ha provocado inmovilismo, porque lo asocian con el voto del mundo rural.

Esta “dejadez” se ha hecho extensible a las Confederaciones Hidrográficas, que son los organismos autónomos dependientes del Gobierno central. Lo importante es no importunar a las grandes empresas. De hecho, recientemente, desde Greenpeace hemos realizado una solicitud de información al Ministerio de Transición Ecológica para conocer las concesiones de derechos para el uso privativo de las aguas en la Región de Murcia y la respuesta oficial ha sido que no dispone de esta información dado que la Base Central del Agua sigue en proceso de implantación, y todo ello conociendo que esta información existe y que el Ministerio tiene acceso a ella desde hace décadas en bases de datos.

Los Gobiernos autonómicos y sus amigos

Y si el agua depende del Gobierno central, el Gobierno regional es quien tiene las competencias propiamente dichas sobre agricultura y ganadería y es el último responsable de las prácticas agrícolas adoptadas y la ausencia de medidas que eviten el mal uso y deterioro de los recursos. En el caso de Murcia la colaboración con las grandes empresas agrícolas es total. De hecho, cuando el juez del caso Topillo requirió a la Consejería de Agricultura que impidiera la actividad de algunas de las empresas investigadas, la respuesta fue mirar para otro lado y pasarle la patata caliente al Gobierno central, lo que retrasó los plazos y obligó al juez a exigir con serias advertencias que debía realizar su trabajo.

No ha habido ningún Gobierno murciano que jamás se haya puesto firme frente al sector agrícola industrial y siempre ha actuado en defensa de los intereses de las grandes empresas. Mención especial merece la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor, una norma forzada por las circunstancias agónicas de la laguna salada que no ha servido para solucionar el problema. Además, recientemente, el Gobierno central, en la lucha entre administraciones por el Mar Menor, ha anunciado que llevaría esta ley al Tribunal Constitucional porque perjudicaba más que ayudaba a proteger la laguna salada.

 



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