El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no concreta ningún plan efectivo para luchar contra la creciente desertificación que sufre España

El Gobierno tiene los impactos bien identificados pero no concreta medidas efectivas para paliar el problema que ya tenemos encima.” Con estas palabras resume el responsable de la campaña “Salvar el Agua” de Greenpeace, Julio Barea, el encuentro internacional que, bajo el lema “Superando juntos las sequías”, acogía hoy Madrid, auspiciado por Naciones Unidas en el marco de la celebración del Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía.

El nivel de los discursos no está a la altura de la urgencia de la que hablamos. Para 2030, unos 700 millones de personas estarán en riesgo de desplazamiento por causas relacionadas con las sequías y en 2050 éstas pueden afectar a más de 3/4 partes de la población mundial. Eso requiere medidas mucho más ambiciosas que las puestas hoy sobre la mesa”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que su prioridad para luchar contra la desertificación y la sequía va a ser centrarse en restaurar ecosistemas. Parece a priori una medida acertada, pero cabe recordar que restaurar un bosque puede tardar más de 100 años en ser efectivo para retener agua y evitar la sequía. Demasiado tiempo, ya que nos enfrentamos a una emergencia climática que ya está causando estragos. Por ello, es necesario actuar ya para parar las causas que provocan estos impactos, como la agricultura y ganadería intensiva e industrial, el robo de agua, la mala gestión forestal o la contaminacion. De nada de esto ha hablado Sánchez.

Greenpeace quiere recordar al presidente que la buena voluntad solo se demuestra con medidas efectivas y, por si no sabe cuáles deberían ser, la organización propone una serie de demandas a las administraciones responsables de la gestión del agua para proteger y garantizar el acceso equitativo y de calidad al agua a todas las personas y ecosistemas de nuestro país:

  • Superar la política hidráulica tradicional, centrada en la ejecución de grandes obras, y abordar una verdadera transición hidrológica justa que responda al actual contexto de cambio climático.
  • Luchar contra el grave estado de sobreexplotación y contaminación que sufren nuestras aguas y prestar especial atención a las aguas subterráneas, al ser reservas estratégicas y aún muy desconocidas.
  • Reducir nuestra vulnerabilidad al riesgo de sequía, aminorando la cantidad total de agua consumida, fundamentalmente por el regadío al ser éste el mayor consumidor (80% del total).
  • Incluir a la ciudadanía en la gestión del recurso agua y de los riesgos hídricos, a través de procesos participativos reales y ejercicios deliberativos.
  • Cumplir con la obligación de elaborar y poner en marcha planes especiales de sequía para abastecimientos urbanos de más de 20.000 habitantes
  • Implantar regímenes de caudales ecológicos científicamente establecidos.
  • Cerrar el más de un millón de pozos ilegales repartidos por toda la geografía española.
  • Orientar las políticas agrícolas y ganaderas hacia la sostenibilidad y la reducción del consumo de agua.
  • Prohibir nuevos proyectos de ganadería industrial y la ampliación de los existentes y apoyar la producción extensiva, local, de calidad y ecológica.
  • Establecer una hoja de ruta para potenciar la agricultura ecológica y reducir la cabaña ganadera en intensivo en un 50% para 2030.
  • Adaptar las políticas forestales a las necesidades del país más árido de Europa.
  • Aumentar el presupuesto destinado a la gestión forestal —que debe centrarse en la planificación y protección de los recursos hídricos— para avanzar en la adaptación de los bosques mediterráneos al cambio climático y, por tanto, en la protección de suelo y agua (gestión ecohidrológica).



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