• La organización ecologista presenta a las formaciones políticas un documento con las 20 medidas que no deberían faltar en sus programas electorales
  • Greenpeace reclama un proceso de transición hídrica justa para Andalucía, asumiendo los límites actuales de cada demarcación hidrográfica y previendo la reducción de agua que traerá el cambio climático
  • La organización exige a todas las formaciones que se comprometan a demoler inmediatamente el hotel ilegal de El Algarrobico, si ganan las elecciones

Con motivo del inicio de la campaña electoral en Andalucía, que arranca mañana, Greenpeace lanza 20 medidas que todo partido político que concurre a las elecciones debería adoptar, si quiere hacer frente a la actual situación de emergencia climática y de crisis de biodiversidad. Entre estas medidas, la organización urge a que las formaciones políticas se comprometan a derogar el paquete de medidas que han adelgazado las normativas de protección ambiental con las que contaba la administración andaluza.

“Ninguna reforma, medida o proyecto financiado con fondos europeos para la recuperación debería ejercer presión sobre los ecosistemas, producir mayores emisiones contaminantes, prolongar la vida de combustibles fósiles, como el gas, ni generar desigualdades sociales o territoriales. Sin embargo, a lo largo de la última legislatura, en Andalucía, tres decretos de simplificación administrativa han menoscabado la capacidad de protección ambiental bajo la excusa de la facilitación de la inversión”, ha declarado Luis Berraquero, delegado territorial de Greenpeace en Andalucía

La organización ecologista hará llegar a los partidos políticos un documento con propuestas medioambientales prioritarias para Andalucía, en el que se repasan los diferentes retos ambientales que afronta la región. En este documento, Greenpeace realiza propuestas concretas en materia de transición energética, compromiso de abandono de combustibles fósiles, movilidad sostenible, protección de la biodiversidad, modelo agroalimentario andaluz o fisicalidad ambiental.

“Necesitamos que se implementen medidas urgentes para frenar el cambio climático y la crisis de biodiversidad y para mejorar la situación socioeconómica que viven muchas personas en Andalucía. Por eso, Greenpeace va a mantener encuentros con partidos políticos, para transmitirles estas propuestas, porque tanto la sociedad como el medio ambiente andaluz se está jugando mucho en estas elecciones”, señala Berraquero.

Debido a la situación en la que se encuentra la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, y ante el paulatino incremento de la demanda de agua para agricultura de regadío en Andalucía, Greenpeace alerta especialmente sobre la problemática del agua en esta región e insta a todas las organizaciones políticas a que inicien un proceso de transición hídrica justa. Este proceso debe tener como resultado la reducción de la dimensión superficial de la agricultura de regadío, redefiniendo su demanda de agua y garantizando el mantenimiento y apoyo a pequeñas y medianas explotaciones profesionales, que contribuyen al equilibrio territorial, al asentamiento de la población rural y al relevo generacional.

“Andalucía es la región con más superficie de regadío del estado español, por ello tiene que repensar cuánto, cómo y para qué riega, puesto que los escenarios de cambio climático, unidos a las sequías recurrentes propias del clima mediterráneo y al incremento de la demanda de agua por el cultivo de regadíos, ha llevado a esta comunidad a una situación de colapso hídrico”, explica Berraquero.

Por otra parte, la Junta de Andalucía cierra otra legislatura, y ya van 5 desde que el hotel de El Algarrobico fuera declarado ilegal en 2005, sin cumplir uno de sus compromisos: demoler ese hotel ilegal, construido en la playa de Carboneras (Almería). Un hotel que acumula 37 sentencias en contra, 14 de las cuales son del Tribunal Supremo. En la última legislatura, a pesar de que fue anunciado como un eslogan de su “revolución verde”, la Junta ha vuelto a obviar la capacidad de adquisición de los terrenos por parte del Gobierno andaluz, que está validada por el Tribunal Supremo desde 2014. Al ‘postureo’ ambiental de adjudicar dinero para su demolición en el BOJA se le daría solidez iniciando su demolición inmediatamente.

“En la última legislatura hemos vuelto a ver promesas de derribo de El Algarrobico, mientras se demantelaba la protección del suelo en todo el territorio. La solución para el hotel ilegal es fácil, sin tintes verdes: el suelo donde se encuentra es propiedad pública y de la Junta de Andalucía y, por tanto, no caben más excusas para que la Administración ejerza sus funciones y restaure el Parque Natural”, ha declarado Pilar Marcos, portavoz de Greenpeace.



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