Greenpeace lanza al Gobierno diez propuestas para un PERTE agroalimentario sostenible – ES


  • El sector agrícola emitió en 2020 el 14,1% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático
  • La descarbonización, acabar con el robo y la contaminación del agua, apostar por la pesca sostenible, avanzar en equidad de género y poner fin a la explotación laboral de migrantes, entre las principales propuestas de Greenpeace
  • Es fundamental abordar lo que la Comisión Europea llama “problema sistémico” de España por la contaminación de agua por nitratos y un apoyo decisivo a una producción justa y ecológica 

Greenpeace España ha enviado al Ministro Luis Planas (Agricultura, Pesca y Alimentación) y la Ministra Teresa Ribera (Transición Ecológica y Reto Demográfico) un documento en el que analiza los retos a los que se enfrenta el sector agroalimentario español y las transformaciones necesarias que deben llevarse a cabo para contribuir de manera real a la lucha contra el cambio climático, la crisis de biodiversidad, el problema del agua en España y el reto demográfico. Y abordando al mismo tiempo la equidad de género en el medio rural, algo contemplado como un eje transversal en el Plan de Recuperación, Transformación  y Resiliencia, o Plan España Puede.

Desde la pasada primavera el Gobierno español viene anunciando para este mismo año 2021 la presentación de un PERTE del sector agroalimentario, un instrumento contemplado en el Plan España Puede que fue aprobado el pasado mes de junio por la Comisión Europea y que permite al Estado Español acceder a los fondos económicos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE. Según lo define el Plan España Puede, un PERTE es un Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española.

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del sistema agroalimentario es clave para el éxito en la lucha contra el cambio climático. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico otorga al sector agrícola (agricultura y ganadería) el 14,1% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020, lo que eleva este sector al tercero más contaminante en España; además, la ganadería es la responsable del 65% de esas emisiones (1). No es este el único reto al que se enfrenta el Ministerio de Luis Planas: según la Comisión Europea, España tiene un “problema sistémico” en su sistema agroalimentario, debido a la contaminación del agua por nitratos, por lo que esta institución europea ha llevado a España al Tribunal de Justicia de la UE.

Es importante que el PERTE Agroalimentario empuje en la dirección de la descarbonización, la aplicación del Convenio de Diversidad Biológica o la Directiva Marco de Agua de la UE”, ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España. “Para ello es fundamental vencer las resistencias que se detectan a la hora de abordar un cambio en el sistema de producción agroalimentaria. Resistencias que eluden la responsabilidad del sistema en las enormes emisiones de gases de efecto invernadero, el robo y mal uso del agua, la contaminación de suelos y acuíferos y la ocultación del impacto social y ambiental de las cadenas de suministro de materias primas”. 

 

En el documento enviado por Greenpeace a ambos Ministerios se realizan las siguientes demandas:

 

  1. Reducción de emisiones de GEI

El PERTE Agroalimentario debe establecer objetivos e indicadores para la reducción de las emisiones de GEI, en consonancia con las recomendaciones de la comunidad científica y el cumplimiento del Acuerdo de París. Y de manera especial, en el caso del metano (NH4) procedente de la producción de alimentos de origen animal.

 

  1. Reducción del consumo de agua y acabar con el robo del agua

El plan debe abordar el fin de los regadíos ilegales, la reducción de la demanda de agua, incluir reformas de calado y medidas de mejora en la gobernanza del agua, el cierre de pozos ilegales, el fin de la complicidad de las Confederaciones Hidrográficas con el robo del agua y fijar las condiciones que garanticen la restauración de los acuíferos dañados (entornos de Doñana, Mar Menor, Mancha Húmeda, comarca de A Limia, etc.)

  1. Moratoria de macrogranjas 

El PERTE deberá recoger el debate actual sobre el modelo ganadero de macrogranjas y establecer una moratoria de nuevas macrogranjas, siguiendo la estela de la reciente decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de establecer una moratoria de nuevas explotaciones ganaderas de porcino.

  1. Acabar con la contaminación del agua por nitratos

La modificación del RD 261/1996 deberá servir para acabar con la permisividad de la contaminación del agua por nitratos (que la Comisión Europea califica como “problema sistémico”). Con el objetivo de que este nuevo RD sea realmente ambicioso y aborde las causas profundas de este problema, debería contemplar objetivos claros, cuantitativos y con un calendario preciso.

  1. Apoyo a la agricultura ecológica y ganadería extensiva

El PERTE debe hacer una apuesta decidida por la agricultura ecológica y la ganadería extensiva ecológica. Concretar cómo el plan va a hacer efectivo el esfuerzo de alcanzar el objetivo europeo de lograr para 2030 que el 25% de la superficie agrícola de la UE sea cultivada bajo los criterios de la agricultura ecológica.

  1. Compra pública y cambios en los patrones de consumo

Para contribuir al objetivo anterior, el 25% de la superficie agrícola en producción ecológica para 2030, es fundamental que el PERTE contemple medidas dirigidas a fomentar la compra pública de productos ecológicos. De la misma forma, deberá apoyar la “dieta de salud planetaria”, una pauta alimentaria donde predominan los alimentos de origen vegetal y que de forma opcional y ocasional puede ser complementada con alimentos de origen animal.

  1. Limpiar las cadenas de suministro

El PERTE debe incorporar reformas y medidas que eviten que el sector agroalimentario español dependa del expolio de recursos naturales en otras latitudes del planeta, sean recursos pesqueros, harinas de pescado para la acuicultura, soja para la fabricación de piensos para la ganadería, aceite de palma, carne, cacao, etc. En este sentido, el Gobierno apoyará decididamente la propuesta legislativa presentada recientemente por parte de la Comisión Europea para eliminar la deforestación y la degradación de los bosques causada por la importación de materias primas.

  1. Mejor gobernanza de los océanos y pesca sostenible

El Plan debe integrar los objetivos de la Política Pesquera Común basada en la recuperación de las poblaciones de peces y la gestión con base científica de los ecosistemas, evitando el apoyo a la sobrepesca y la acuicultura industrial y el empeoramiento del estado de los recursos pesqueros. Es fundamental el apoyo a la gobernanza de las aguas internacionales a través de un Tratado Global de los Océanos que incentive las actividades humanas que garanticen la conservación de los ecosistemas marinos, incluyendo aquellas actividades en el suelo marino más profundo.

  1. Combatir la brecha de género

La sostenibilidad social, ambiental y económica del medio rural necesita del arraigo de las mujeres. Es imprescindible no sólo la creación de empleo de calidad y sostenible, sino promover el acceso y la permanencia de las mujeres en el mercado laboral, reducir su vulnerabilidad y promoverlas como agentes de cambio.

 

  1. Erradicar la explotación laboral en el campo

El PERTE Agroalimentario supone una oportunidad para la eliminación de las condiciones de explotación laboral, precariedad residencial y limitaciones de acceso a servicios de los temporeros y temporeras migrantes, algo que atenta contra sus derechos más básicos. Por ello resulta imprescindible que incluya algunas directrices en materia de garantías laborales y de derechos humanos.

 

Durante el año que ahora acaba Greenpeace España ha llevado a cabo un trabajo de seguimiento en la concreción y aprobación por parte de la Comisión Europea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), también denominado Plan España Puede. Fruto de este seguimiento, Greenpeace ha señalado la falta de participación y transparencia en la elaboración del plan (2) y ha realizado una primera valoración preliminar del Plan España Puede presentada en abril a la Comisión Europea (3). También, ha establecido una herramienta, La Lupa Verde (4), que quiere ser un observatorio ambiental y social de este plan.



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