• La organización pacifista acude al Alto Tribunal después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya desestimado, amparándose en una ley franquista, un recurso contra la negativa del Gobierno a informar
  • El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce el papel de las ONG de ‘vigilantes de los Gobiernos’ para lo que les confiere el derecho de acceso a la información

La organización ecologista y pacifista ha decidido acudir al Tribunal Supremo, después de que el TSJM (Tribunal Superior de Justicia de Madrid) haya desestimado un recurso interpuesto por Greenpeace contra la negativa del Gobierno de España a informar sobre las licencias de exportación de material bélico a Arabia Saudí.

La organización ecologista y pacifista realizó una solicitud de información al Gobierno sobre el envío de unos sistemas portamorteros españoles, modelo Alakran, que habían sido detectados en la conflictiva frontera entre Arabia Saudí y Yemen, donde se libra una cruenta guerra desde hace años  en la que las violaciones de los derechos humanos son constantes y en la que han perdido la vida miles de civiles.

Cabe resaltar que Greenpeace realizó esta solicitud de información para comprobar la legalidad de estas exportaciones de armas, en base al reconocimiento que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al papel de las ONG como “vigilantes de los Gobiernos”, para lo que les reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho instrumental para poder ejercer el derecho fundamental a la libertad de expresión e información; un reconocimiento similar al de los medios de comunicación, cuya función también se ve cercenada con este tipo de decisiones. Esta sentencia es una ocasión perdida para que España incorpore esta doctrina europea a su ordenamiento jurídico, como es su obligación.

Los morteros “secretos” para Arabia Saudí

El caso se remonta a agosto de 2020, cuando una investigación llevada a cabo por Greenpeace y Eldiario.es localizó los mencionados sistemas de mortero españoles Alakran (cuya titularidad pertenece a la empresa NTGS – ahora denominada Ventura Defence-, que es parte del grupo Everis) en manos de miembros de la militarizada guardia de fronteras saudí, que los operaban en la frontera con Yemen. La investigación sacó a la luz que el armamento fue vendido con autorización del Gobierno español en 2018. Posteriormente, en mayo de este año, aparecieron nuevos datos sobre el envío de más morteros y de decenas de miles de proyectiles, así como de la implicación de Eduardo Serra, exministro de Defensa en el contrato y de la omisión de información sobre estas exportaciones en las estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio.

Ante estas evidencias, Greenpeace quería conocer cómo y por qué se autorizaron esas exportaciones (cuyo contenido está clasificado gracias la Ley franquista de Secretos Oficiales), ya que, como se ha mencionado, Arabia Saudí encabeza la coalición de países involucrados en la guerra civil del Yemen en la que han fallecido 230.000 personas según la ONU, y la Ley Sobre Control del Comercio de Armas (53/2007) prohíbe expresamente la exportación de armas si existen indicios racionales de que se pueden utilizar para cometer violaciones de derechos humanos. Lo mismo que el Tratado sobre el Comercio de Armas, del que España es signataria, y la Posición Común 944/2008/PESC de la UE, que establecen idénticas prohibiciones.

Ley franquista de Secretos Oficiales

“Parece que el Gobierno progresista de 2021 está muy cómodo con una ley franquista de 1968 porque pueden ocultar información a la ciudadanía y evitar rendir cuentas ante plausibles evidencias del incumplimiento de la legislación sobre control de comercio de armas. Tristemente, el TSJM ha optado por mantener unos privilegios antidemocráticos de impunidad para el Gobierno frente a la libertad de expresión”, ha declarado Sara del Río, portavoz de la campaña de Desarme de Greenpeace.

Greenpeace lamenta que el TSJM afirme en su sentencia que “el derecho a obtener información de la Administración tiene como límite la seguridad y defensa del Estado“, y ‘mete’ en el mismo saco de ese límite los intereses comerciales privados de la filial de Everis, poniéndolos por encima del derecho fundamental a la información y del propio derecho a la vida de las personas potencialmente afectadas por este armamento en Yemen. 

El propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España ha afirmado en casos similares que no es la seguridad nacional lo que se pone en juego con la desclasificación de este tipo de información secreta, sino, en este caso, los intereses económicos particulares de la empresa exportadora de armas. 

“Ayer se celebró el Día Internacional de Acceso Universal a la Información, que la ONU reconoce como un derecho humano fundamental y aquí lo hemos ‘celebrado’ con esta sentencia que restringe el derecho a obtener una información”, ha declarado Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace. Recientemente el equipo detrás del Tratado de Comercio de Armas (TCA) ha publicado el informe Responsabilidad nacional de las transferencias internacionales de de armas: Derecho, política y práctica en el que se recoge este litigio planteado por Greenpeace contra el Gobierno de España como uno de los más influyentes en el panorama internacional para la correcta implementación del TCA. “Incomprensiblemente, mientras en el exterior se clama por la transparencia, este Gobierno recurre a una ley franquista para ocultar información”, ha concluido Ruiz-Huerta. 



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